Mientras el país afronta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, Estados Unidos dio a conocer que el Presidente Abelardo De La Espriella autorizó operaciones militares conjuntas en suelo colombiano para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Eso sucedió el 12 de agosto, mismo día en que el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, firmó con el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, el ingreso del país al Escudo de las Américas.

Con la firma del documento, el país se convirtió en el 19 en integrar esta iniciativa, que oficialmente es conocida como la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C).

Para De La Espriella esta decisión "reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente a las amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos". 

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Por su parte, el ministro de Defensa explicó que el propósito es impedir que las organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado y garantizar que en territorio colombiano prevalezca la Constitución, la ley y el monopolio.

Medellín será la sede en Colombia del Escudo de las Américas, que también cuenta con la participación de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Bahamas y Belice.

En su momento, Donald Trump explicó que la coalición presentada al mundo en marzo de este año es una cooperación, principalmente militar, que busca combatir a los carteles del narcotráfico y el crimen transnacional a nivel general. 

¿Es necesaria esta cooperación?

El politólogo Ángel Tuirán, docente de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, sostuvo que el ingreso representa un giro importante en la política de seguridad y exterior.

"La principal ventaja es acceder a mayores capacidades de inteligencia, tecnología, cooperación operacional y recursos, en momentos en que Estados Unidos proyecta mil millones de dólares en asistencia de seguridad", dijo Tuirán.

Además, fue enfático en que la ayuda es necesaria porque "Colombia enfrenta organizaciones transnacionales que manejan recursos, rutas y redes que desbordan las fronteras nacionales. Por ello, la cooperación internacional es necesaria, especialmente en inteligencia y tecnología, pero esta debe complementar y fortalecer donde sea necesario, no sustituir las capacidades del Estado colombiano". 

Por su parte, Eduardo Palencia, director de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, no solo resaltó la mayor capacidad para combatir la criminalidad y el acceso a tecnología avanzada, sino el impacto positivo que tiene en la relación con Estados Unidos.

No obstante, Palencia alertó que "irónicamente ese último beneficio podría ser un factor en contra, pues habría una dependencia y alineamiento completo geopolítico".

Aunque es necesario avanzar en las capacidades del país, "el difícil desafío del actual gobierno es no subordinarse, es decir, que los Estados Unidos no determine, unilateralmente, qué amenazas enfrenta Colombia, contra quién se emplea la fuerza y cuáles son sus prioridades". 

La polémica

Pero esta decisión del Gobierno de De La Espriella no ha recibido un apoyo unánime, puesto que hay fuertes críticos, especial los petristas, por lo que podría significar para Colombia, por la posible pérdida de la soberanía nacional y porque no se tramitó el ingreso a través del Congreso de la República y el Consejo de Estado. 

Primero hay que resolver la situación de la legalidad de esta inclusión. Aunque no se conoce lo firmado en detalle, si en esta integración no se definen obligaciones exigibles ante la ley, no se necesita aprobación del Congreso. 

En caso de que se autoricen operaciones militares y el tránsito de tropas o el uso de la fuerza extranjera, el legislativo debe dar su aval y las altas cortes tienen que emitir un concepto. 

Angélica Jiménez Chávez, directora del programa de Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, manifestó que esta iniciativa "suena prometedora", pero fue clara en que se deben conocer las obligaciones jurídicas, económicas y operativas que asumiría Colombia. 

"Colombia ya vivió una amplia cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico: el Plan Colombia. Aunque fortaleció las capacidades de la Fuerza Pública, también dejó costos económicos, ambientales y humanos que no podemos olvidar", dijo Jiménez.

Recordó que aunque es una iniciativa que reúne a varios países, no se puede dejar de tener presente que ese país "defiende sus propios intereses y que sus prioridades no siempre coinciden con las nuestras". 

Tuirán aportó que la cooperación internacional no implica la pérdida de soberanía, pero sí se tienen que definir "qué reglas, límites y controles institucionales se deberían desarrollar". 

"La controversia probablemente será jurídica además de política y dependerá del contenido concreto de los acuerdos que suscriba el Gobierno, no simplemente de pertenecer a la coalición", agregó.

Por su parte, Eduardo Palencia sostuvo que un ciudadano podría demandar el ingreso al Escudo de las Américas solo si es un acuerdo ejecutivo, puesto que si pasó previamente por la Corte Constitucional ya está provisto del principio de cosa juzgada. 

El Escudo de las Américas probablemente sea un motivo más de división en este periodo, no obstante, una buena parte del país ha ratificado su apoyo a De La Espriella, como el expresidente Uribe, quien aseguró que la ayuda estadounidense es "recuperación de soberanía" y del "Estado Social de Derecho, que en muchos lugares del país está desplazado por la tortura narcoterrorista".

La ayuda de USA es recuperación de Soberanía, no violación

La ayuda de Estados Unidos a nuestras Fuerzas Armadas en equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo, contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado Social de Derecho, que en muchos…

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 13, 2026